La Constitución de 2009 y las revoluciones necesarias

El 11 de noviembre de 2019 contra todo pronóstico Evo Morales dejaba el país de la peor manera posible, dejando tras de sí un país convulsionado y un saldo de más de 30 muertos en los conflictos sucesivos, el vacío de poder que había dejado llevó a que diversas voces propongan una junta tuitiva o junta cívico militar para llevar las riendas del país en lo que la situación se normalice, significando esta vía un quiebre total del orden constitucional -si bien débil y hasta violado en ocasiones por el gobierno saliente- que quitaría toda legitimidad al proceso de transición. Sin embargo la legalidad se impuso y gracias a las sucesivas renuncias de autoridades del oficialismo la línea de sucesión presidencial quedó expedita para una senadora de oposición, asumiendo la presidencia interina ipso facto y siendo reconocida por el Tribunal Constitucional a los segundos de asumir la Presidencia del Estado en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Los sucesos de octubre y noviembre de 2019 si bien atienden directamente a las acciones de intentona de prorroguismo del partido de gobierno por 14 años en contra de toda legalidad y sentido común, fraude de por medio, nos hacen ver otro problema muy importante y que no recibe la debida atención de los medios y la sociedad boliviana en su conjunto y se trata del asunto medular en lo que se refiere a los problemas que continuamente afectan a nuestro país en los aspectos económico, jurídico y político, y se trata nada menos que de la falta de un sistema bien diseñado de pesos y contrapesos que limiten el poder de las autoridades políticas de turno, un problema latente desde los inicios de nuestra historia independiente pero que se agravó considerablemente con la promulgación de la Constitución de 2009 que otorga a la Presidencia del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ex Congreso Nacional) poderes casi absolutos para llevar adelante la administración del Estado y cuya influencia directa reciben los otros órganos (el Judicial y el Electoral) que se suponen independientes. O dicho de otra manera que el partido que tenga la Presidencia y los dos tercios en la Asamblea puede hacer y deshacer a su antojo sin que órgano o institución alguna los controle o fiscalice debidamente, como se supone debe ser el caso en cualquier democracia medianamente sana.

El problema mencionado tiene unos efectos muy graves que son que ante la casi total falta de frenos a las ambiciones de los políticos, estos llevan las situaciones a su cúspide crítica como fue el caso del gobierno de Evo Morales, sin medir las consecuencias para el grueso de la población y peor aún para el largo plazo, ya que el político no tiene verdaderos incentivos para velar por el interés de todos, con llegar al poder y mantenerse le basta y hará todo lo que esté a su alcance para conseguirlo. En otras palabras, es necesaria una revolución cada vez que los políticos se pasen de la raya.